Hoy en día ya no se puede decir que la democracia parlamentaria sea realmente democrática.
Cuando se introdujo en 1848, la democracia parlamentaria todavía se apoyaba en la concepción general de la vida de los votantes de entonces. Pero ¿era realmente democrático el propio sistema en aquella época?
Eso depende de cómo se defina el término «democrático». En la Atenas clásica solo podía votar un varón adulto libre, nacido de padre ateniense y de madre ateniense libre. Debía tener al menos 18 años; para algunos cargos regía una edad mínima de 30 años, por ejemplo para los jurados de la boulé. Era una democracia directa: se votaba levantando la mano. Las mujeres, los esclavos, los extranjeros, los menores y los ciudadanos que habían perdido sus derechos de forma temporal o permanente (por ejemplo por deudas con la ciudad) no podían votar. Ni siquiera quienes tenían derecho a voto podían votar sin más: había que tener acceso a la asamblea popular, y solo allí se podía votar. El espacio era limitado. Sobre una población de entre 30.000 y 60.000 ciudadanos varones adultos, había sitio para unas 6.000 personas. Quien no podía estar presente, tampoco podía votar.
En los Países Bajos, tras la introducción del sistema parlamentario en 1848, regía el sufragio censitario. Solo podían votar los hombres de 23 años o más que pagaban una determinada cantidad en impuestos directos. Eso era aproximadamente entre el 7 y el 12 por ciento de los hombres adultos. Hasta 1917 no llegó el sufragio universal masculino a partir de los 25 años, y hasta 1922 no pudieron votar también las mujeres. Hasta hoy, los jóvenes adultos a partir de los 16 años siguen sin poder votar en los Países Bajos.
Hasta aproximadamente 1960 existió la «verzuiling» (compartimentación en pilares). Había cuatro pilares: el protestante-cristiano, el católico romano, el socialista y el liberal. Cada votante votaba en gran medida según su fe o su concepción del mundo. Se votaba un programa de partido que coincidía razonablemente con lo que uno sentía y pensaba. Cada pilar tenía su propia red de instituciones: si eras católico, ibas a una escuela, un club deportivo, una tienda y una emisora de radio católicos. Tu partido político estaba estrechamente ligado a tu concepción de la vida.
A partir de los años sesenta, las personas se hicieron cada vez más individualistas y desarrollaron opiniones propias sobre multitud de temas. Sin embargo, el sistema parlamentario no se adaptó a esta individualización. Hasta el día de hoy, quienes tienen derecho a voto solo pueden votar a un representante de partido que defiende el programa de ese partido. Esto conduce a los siguientes problemas estructurales:
1. El mandato libre frente a la voluntad del votante
El representante tiene un mandato libre. Según el artículo 67 de la Constitución, los diputados votan «sin mandato imperativo» (zonder last). Por tanto, no están vinculados al programa ni a las promesas con los que fueron elegidos. Después de las elecciones, un político puede cambiar de postura, abandonar el partido o incluso hacer caer la coalición sin que el votante tenga nada que decir al respecto.
2. Imposición de partido y disciplina de grupo
Aunque el mandato es formalmente libre, en la práctica existe una fuerte disciplina de grupo parlamentario. Los diputados que se apartan con demasiada frecuencia de la línea del partido arriesgan su escaño o su carrera política. Por ello, el representante individual suele rendir más cuentas a la dirección del partido que a los votantes que lo eligieron.
3. Agrupación de posturas (el problema del paquete)
El votante solo puede elegir entre paquetes completos de posturas. Alguien puede, por ejemplo, estar en contra del niqab o del burka y opinar que los recién llegados musulmanes deben adaptarse más, sin por ello estar a favor de salir de la Unión Europea. O alguien quiere más atención a la soledad en las grandes ciudades, sin por ello ser partidario de una política más estricta sobre el aborto. Se obliga al votante a «tragarse» posturas que no comparte.
4. La política de coalición y el papel del formateur
En un sistema de representación proporcional, el resultado electoral rara vez es decisivo. La formación del gobierno determina el rumbo real. El formateur y el informateur (las figuras que dirigen las negociaciones de la coalición), que no han sido elegidos por el pueblo, desempeñan un papel crucial a la hora de decidir qué promesas se cumplen y cuáles no. Los partidos pequeños, o incluso diputados individuales, pueden así obtener una influencia desproporcionada. El acuerdo de coalición final suele ser un compromiso diluido que ningún votante ha votado de forma explícita.
5. Falta de instrumentos vinculantes para el ciudadano
Entre elecciones no existe ningún instrumento vinculante para corregir el rumbo. Los Países Bajos no tienen referéndum vinculante a escala nacional. Los referéndums consultivos han sido abolidos o muy limitados, y las peticiones o las iniciativas ciudadanas no tienen fuerza vinculante. El ciudadano queda así al margen durante años, incluso cuando la política se aparta claramente de las promesas electorales.
6. La brecha entre la clase política y la sociedad
Tras el fin de la compartimentación en pilares surgió una clase política profesional. Muchos diputados y miembros del gobierno tienen poca o ninguna experiencia fuera de la política, de la administración pública o de organizaciones vinculadas a la política. Esto refuerza la sensación de que «La Haya» se ha convertido en un mundo aparte, cada vez menos representativo del resto del país, tanto geográfica como culturalmente.
7. Orientación estructural al corto plazo
El sistema de elecciones cada cuatro años (o antes) fomenta políticas que dan réditos políticos a corto plazo. Por eso las cuestiones a largo plazo, como la demografía, las pensiones, el mercado de la vivienda, la defensa o el clima, quedan relegadas. Los problemas estructurales se quedan sin resolver, mientras que cada pocos años el votante se enfrenta de nuevo a nuevas promesas.
8. Influencia desigual de los grupos de interés y de los medios de comunicación
Aunque formalmente todos tienen un voto, la influencia real está repartida de forma desigual. Los intereses bien organizados (lobbies, organizaciones de interés, organizaciones de empresarios y de trabajadores) tienen acceso estructural a los miembros del gobierno y a los diputados. La agenda de los medios puede orientar con fuerza la agenda política. El votante de a pie no dispone de ese acceso.
Una cosa es segura: casi todos los partidos políticos actuales utilizan los votos de los votantes como les conviene.
Por tanto, la pregunta está justificada: ¿hasta qué punto es todavía realmente democrática nuestra democracia parlamentaria en este momento?
Resumen
Hoy en día ya no se puede decir que la democracia parlamentaria sea realmente democrática. Cuando se introdujo en 1848, el sistema todavía se apoyaba en la concepción de la vida de los votantes de entonces, pero era limitado desde el principio. En la Atenas clásica solo podían votar los ciudadanos varones libres de ascendencia ateniense, y solo si estaban presentes en la asamblea popular. Las mujeres, los esclavos, los extranjeros y los menores quedaban excluidos. En los Países Bajos, tras 1848 regía el sufragio censitario: solo entre el 7 y el 12 por ciento de los hombres adultos podían votar. El sufragio universal masculino llegó en 1917 y el femenino en 1922. Los jóvenes a partir de los 16 años siguen sin poder votar.
Hasta aproximadamente 1960 el sistema funcionaba dentro de la compartimentación en pilares. La gente votaba en gran medida según su fe o su concepción del mundo, y los partidos estaban estrechamente ligados a su propio pilar. Después de los años sesenta, los ciudadanos se individualizaron con fuerza. El sistema político, sin embargo, no se adaptó a ello. Los votantes siguen pudiendo votar solo a un representante de partido que defiende un programa de partido completo. Esto conduce a ocho problemas estructurales.
En primer lugar, el representante tiene un mandato libre. Según la Constitución, los diputados votan sin mandato imperativo. No están vinculados al programa con el que fueron elegidos y pueden cambiar de postura o abandonar el partido sin que el votante tenga influencia alguna.
En segundo lugar, en la práctica existe una fuerte disciplina de grupo. Quien se aparta con demasiada frecuencia de la línea del partido arriesga su futuro político. Por ello, el elegido suele rendir más cuentas a la dirección del partido que a los votantes.
En tercer lugar, el sistema obliga al votante a aceptar paquetes completos de posturas. Alguien puede estar en contra del burka sin estar a favor de salir de la UE, o querer más atención a la soledad sin apoyar una política más estricta sobre el aborto. Aun así, tiene que tragarse todo el paquete.
En cuarto lugar, en un sistema de representación proporcional el resultado electoral rara vez es decisivo. La formación del gobierno determina el rumbo real. El formateur y el informateur, que no han sido elegidos por el pueblo, deciden qué promesas se cumplen y cuáles no. El acuerdo de coalición suele ser un compromiso diluido que ningún votante ha votado de forma explícita.
En quinto lugar, entre elecciones no existe ningún instrumento vinculante. Los Países Bajos no tienen referéndum vinculante. Los referéndums consultivos han sido abolidos o limitados, y las peticiones o las iniciativas ciudadanas no tienen fuerza vinculante. El ciudadano queda al margen durante años.
En sexto lugar, ha surgido una clase política profesional. Muchos diputados y miembros del gobierno tienen poca experiencia fuera de la política o de la administración pública. Esto refuerza la sensación de que La Haya se ha convertido en un mundo aparte, cada vez menos representativo del país, tanto geográfica como culturalmente.
En séptimo lugar, el sistema de elecciones cada cuatro años fomenta una orientación al corto plazo. Los políticos se centran en medidas que dan réditos rápidos, mientras que las cuestiones a largo plazo, como la demografía, las pensiones, el mercado de la vivienda, la defensa y el clima, quedan sin resolver.
En octavo lugar, la influencia real es desigual. Los lobbies, las organizaciones de interés y los medios de comunicación tienen acceso estructural a los miembros del gobierno y a los diputados. El votante de a pie no tiene ese acceso.
Casi todos los partidos políticos utilizan los votos de los votantes como les conviene.
Por eso la pregunta sigue estando justificada: ¿hasta qué punto es todavía realmente democrática nuestra democracia parlamentaria en este momento?





