El sistema actual —una democracia parlamentaria con partidos políticos y representantes elegidos— falla en la representación. Debería ser una democracia de consenso, pero votar una vez cada cuatro años a un (programa de) partido ya no se ajusta a las preferencias individualistas de los votantes. Esas preferencias atraviesan los partidos y los programas electorales y, por tanto, ya no se pueden percibir. Como consecuencia, ya no se hace justicia a la voluntad de la población.
La única solución pura es el sistema continuo de referéndums ciudadanos vinculantes, en el que sí se pueden determinar y cuantificar las preferencias individuales de los votantes, complementado con un convenio ético humanista que garantice la posición mínima de los más débiles. El nuevo sistema es autodidacta y autorregulado: desde una opinión matizada mediante una mini encuesta hasta el tratamiento estadístico de los resultados y orientaciones concretas de política. Los funcionarios y los directivos contratados trabajan de forma abierta y transparente, son personalmente responsables y, en caso de mal desempeño, pueden ser despedidos o incluso procesados judicialmente.
En resumen: nuestra democracia parlamentaria es una reliquia de la época de la compartimentación en pilares. La población se ha individualizado y los partidos políticos no han respondido a ello. Para hacer justicia a las preferencias individualistas de la mayoría hace falta un sistema de referéndum vinculante totalmente nuevo.





